Cuando escuché que Jaume Matas había sido condenado a seis años de cárcel por los chanchullos considerados en el caso Palma Arena pensé que sería la excepción de que los políticos se libran de la justicia que recae sobre el resto de los ciudadanos. Al menos podríamos aferrarnos a las excepciones. Sin embargo, hace dos días le fue levantada la fianza de dos millones y medio de euros porque “ya no se dan las mismas condiciones”. A cambio de eso tendrá que presentarse cada quince días ante un juez o comisaria, no tendrá pasaporte y no podrá salir del territorio español. Además van a salir a subasta unas propiedades suyas que servían de aval para una hipoteca de 3 millones de euros que pidió al Banco de Valencia al que no aportó ninguna cantidad. El juez responsable del caso devuelve dos millones de los dos y medio de la fianza al Banco de Valencia y el resto se retiene como pago de la “responsabilidad civil”.
No logro entender nada. Primero, la noticia de la condena a la cárcel fue bastante sonada, mientras que el levantamiento de la fianza no ha generado ruido alguno. Debe ser un efecto colateral de la ley de transparencia de Rajoy. Y segundo, un político sin vergüenza, ex ministro de medio ambiente que aún me preocupa mucho más, ha hecho una serie de trapicheos que sólo sabe él; se ha embolsado tres millones de euros procedente de los ahorros de miles de valencianos; con ese dinero ha hecho y se ha comprado a saber qué con la desfachatez de pedir una hipoteca avalada con su “palecete” y otras propiedades sin devolver un euro; y el Banco de Valencia se ha esperado dos años a que Matas hiciera algún pago.
De todo esto solo puedo sacar una conclusión y ésta ya la dijo Matas en televisión: “la justicia no es igual para todos”.
